Tras un año de ensayos, la DGT ha iniciado la experiencia del control y gestión del tráfico mediante el uso de drones. Los primeros ya operan en Canarias. La idea es desplegarlos pronto en la Península.
De momento, son 11 los drones que funcionan en el archipiélago canario: tres sirven para multar; y los otros ocho, para regular el tráfico y ayudar en su gestión. Las prestaciones de los aparatos incluyen un alcance de 500 metros y una altura máxima de 120 metros. Cada 20 minutos han de aterrizar para ser recargados.
Frente a los radares, los drones tienen varias ventajas: la principal, su economía. Y hay otras: por ejemplo, son virtualmente ilocalizables por los vehículos y poseen una movilidad que les permite percibir detalles que se les escapan a las instalaciones fijas.
Pero, de momento, no sirven para todos los tipos de infracción. Al no estar provistos de cinemómetros, no detectan el exceso de velocidad. En cambio, sí captan el ir sin el cinturón de seguridad o el casco, saltarse un stop, conducir haciendo uso del móvil, hacer un adelantamiento peligroso…
Más económicos y con un espléndido margen de mejora
El futuro parece inclinarse por los drones, máxime cuando ofrecen una solución relativamente barata y versátil, a la par que unas grandes perspectivas de evolución técnica en un plazo razonable. (Es previsible que pronto ganen en autonomía, por ejemplo.)
Además, la Administración no parece muy dispuesta a costear una ampliación importante de la red de radares, por el fuerte desembolso que implicaría. Muy orientativas al respecto han sido las recientes declaraciones del director general de Tráfico, Pere Navarro, en las que admitió que la tercera parte de las instalaciones de radares fijos están vacías.
